La huelga de la Canadiense y la jornada de 8 horas

Para la burguesía, el anarcosindicalismo se estaba convirtiendo en una clara amenaza para el orden social que sustentaba su hegemonía social y económica. La prueba de fuego entre ambos se inició el 5 de febrero de 1919 con el conflicto de la Canadiense en Barcelona, una huelga mítica en la historia del sindicalismo libertario por su importancia, duración y dimensiones.
Mientras en Berlín habían asesinado a Rosa Luxemburgo el 15 de enero, en Barcelona, durante las semanas previas a la huelga, había incidentes entre libertarios y ugetistas, con algún asesinato durante la huelga de tipógrafos; acusaciones de Pestaña contra Cambó (Lliga Regionalista) sobre la intención de asesinarlos a él y a Seguí; suspensión de las garantías constitucionales; clausura de sindicatos; detenciones de dirigentes y activistas libertarios; buques de guerra en el puerto y censura de prensa. La cuestión de fondo que alimentó la huelga fue, además del derecho a la sindicación, el intento de forzar a la patronal al reconocimiento definitivo de la CNT como la interlocutora del mundo del trabajo en Cataluña.
La huelga de la Canadiense (llamada así porque el principal accionista de la Compañía era el Canadian Bank of Commerce of Toronto) se prolongó por 44 días convirtiéndose en huelga general paralizando el 70% de la industria catalana. El conflicto comenzó al organizarse entre el personal de oficinas, un Sindicato Independiente, que el gerente de La Canadiense, Fraser Lawton, nunca aceptó, por lo que éste empleó como estrategia hacer fijos ocho empleados eventuales y rebajarles el sueldo. Éstos protestaron con el argumento de que: «a mismo trabajo, mismo sueldo». Estas ocho personas, que eran precisamente las que habían organizado el Sindicato Independiente dentro de la empresa, inmediatamente fueron despedidos por Lawton. Cinco de los sancionados pertenecían a la sección de facturación y sus compañeros, en acto de solidaridad, el día 5 de febrero de 1919 se declararon en huelga hasta que se readmitiera a sus compañeros despedidos. Los 117 empleados de la sección de facturación se dirigieron hacia Gobernación para hablar con el gobernador, que les prometió que intercedería por ellos ante la empresa, si volvían al trabajo. Cuando éstos volvieron, se encontraron con fuerzas de la policía que les impedían el paso, no dejándoles entrar al interior del edificio, produciéndose diversos incidentes y quedando todos ellos despedidos. Al día siguiente la noticia corrió por Barcelona como un reguero de pólvora.
Los huelguistas buscaron la ayuda de la CNT, que se involucró en el conflicto. Se nombró un comité de huelga que lo formaron varios de los despedidos y miembros de la CNT y que estuvo liderado por Simó Piera. La huelga se extendió hacia los encargados de la lectura de contadores.
Contado la huelga con un amplio apoyo popular —se formaron cajas de resistencia que recaudaron 50.000 pesetas en una semana— el gerente de la empresa propuso una negociación cuya fecha fue fijada para el 17 de febrero en el edificio de la compañía y a la que acudiendon cinco delegados en representación de los trabajadores. Cuando el gerente se enteró que entre los delegados había un afiliado a la CNT no quiso negociar.
Los huelguistas iniciaron cortes en el suministro eléctrico, quedando Barcelona prácticamente paralizada a las cuatro de la tarde del 21 de febrero, aunque había otra compañía —Energía Eléctrica de Cataluña— que seguía suministrando energía. El 4º Regimiento de zapadores y algunos marineros ocuparon la sede de la empresa y llegó a la ciudad un nuevo gobernador militar, Martínez Anido. Con el permiso de los inversores, Romanones confiscó la empresa y los ingenieros militares consiguieron iluminar la ciudad la noche del 22.
El día 23 se unieron a la huelga los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña, lográndose el paro total de las compañías eléctricas. El 26 los trabajadores de las compañías de aguas y del gas se sumaron a la huelga, por lo que dichas empresas también fueron confiscadas.
El 3 de marzo los trabajadores de la central eléctrica de Sant Adrià del Besos secundan la huelga y el día 5 el general Milans del Bosch dicta un bando para llamar a la movilización a todos los hombres entre 21 y 38 años del ramo de la electricidad que tan solo sale publicado en el Diario de Barcelona. Los cenetistas convocados para la movilización decidieron el 7 de marzo no incorporarse a filas, lo que provocó que fueran encarcelados. En totol, unos tres mil trabajadores llenaron las prisiones, el castillo de Montjuïc y los buques de guerra del puerto, sometidos a la jurisdicción militar, puesta al servicio de la patronal catalana tras la declaración del estado de guerra el 12 de marzo. Barcelona fue ocupada por los militares y las cajas de resistencia podían llegar a recoger decenas de miles de pesetas semanales. Romanones se inclinó por algunos nombramientos políticos para propiciar el diálogo y el día 15 se abrieron las negociaciones.
El 17 se llegó a un acuerdo, se levantó la censura roja (que ejercía el Sindicato de Artes Gráficas) y el estado de guerra. Dos días después concluía la huelga con un balance bastante favorable para los trabajadores: jornada de ocho horas, mejoras salariales, readmisión de los despedidos y libertad para los detenidos. Unas 20.000 personas se congregaron ese día en la plaza de toros de las Arenas para ratificar el acuerdo, pero el propio Seguí fue recibido con un importante abucheo porque algunos trabajadores seguían detenidos por los militares. Para el «Noi del Sucre» se trataba de elegir entre la consolidación de las mejoras conseguidas o rescatar por la fuerza a los detenidos, con el consiguiente baño de sangre, que podía ser el inicio de la revolución social; pero, aunque dominaban las calles, ¿estaban en condiciones de vencer a los militares? Acordaron volver al trabajo y dar un plazo de tres días para la libertad de todos los detenidos.
Con el apoyo de Lliga, Milans del Bosch optó por no liberar a los detenidos. Burgueses y militares esperaban acabar con los anarcosindicalistas si éstos optaban por la huelga general revolucionaria. Los más radicales acabaron convocándola el 24 de marzo, y el 25 el capitán general declaró por su cuenta el estado de guerra. Al día siguiente, unos ocho mil paramilitares del Sometent salieron armados a las calles de Barcelona bajo la dirección del nacionalista Ventosa Calvell. El propio Cambó afirmó que se había paseado con un fusil por las calles de la ciudad. El día 30 el estado de guerra se extendió a toda España y el 1 de abril la huelga general abarcaba las ciudades más industrializadas de Cataluña. Al día siguiente todos los sindicatos fueron clausurados, aunque Romanotes decretó la jornada de ocho horas a partir de octubre para desbrozar el camino de la vuelta al trabajo, hecho que se empezó a producir a partir del día 5. Los partidarios de la huelga habían sido derrotados, y con ellos la sensación de imbatibilidad que acompañó a la CNT durante la huelga de la Canadiense.
El grupo de presión formado por los militares y la Lliga, ésta a través de la patronal, se había impuesto a las decisiones del gobierno, que dimitió. La burguesía catalana, que propugnaba la reforma del estado para acomodarlo a sus intereses, se había aliado con los militares hasta el mismo límite del golpe de estado, también para defender sus intereses económicos. No era la primera vez. Ya habían llevado a término una campaña de delación tras la Semana Trágica; llevaban años oponiéndose a las reformas sociales de diferentes gobiernos en nombre de la no intervención, pero pidiendo la intervención del ejército contra los trabajadores, es decir, propiciando el militarismo. Tampoco sería la última, porque apoyarían el golpe de Primo de Rivera en 1923 y contribuirían a financiar el golpe de 1936.